A la Opinión Pública Venezolana
A la Comunidad Internacional
A la Comisión Nacional de Primarias
A la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela- 2015
Quienes suscribimos este comunicado, miembros activos de la sociedad venezolana, muchos hoy en la diáspora o en el exilio, justamente por nuestros comprobables años de lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, nos sentimos obligados a dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y en especial, a la llamada “Comisión Nacional de Primarias”, a fin de expresar lo siguiente:
1.- En las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en 2018, los partidos que se proclamaban opositores al régimen de Nicolás Maduro se negaron a participar porque consideraron que no había condiciones justas para una contienda electoral, en la República Bolivariana de Venezuela. Aunque los Acuerdos de la Asamblea Nacional del 2017 al 2019 en ese materia han sido eliminados de su página web (https://asambleanacionalvenezuela.org/actos#acuerdos-aprobados-en-la-plenaria-en-las-distintas-aacutereas-de-intereacutes-nacional), esto fue un hecho público, notorio y comunicacional. Ver: https://www.todosahora.com/noticias-de-venezuela/la-asamblea-nacional-ratifica-su-rechazo-a-las-elecciones-presidenciales-realizadas-el-pasado-20-de-mayo-de-2018/.
2.- La misma ausencia de condiciones para una contienda electoral auténtica y justa persistía en 2020, por lo que la elección de un nuevo ente legislativo el 6 de diciembre de ese año, no fue auténtica, de forma tal que la Asamblea Nacional producto de esa elección, tampoco fue legítima y no representó al pueblo venezolano. Por eso, tal proceso contó con una participación del 31%, es decir, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015, ganadas por la oposición.
3.- Como fórmula adicional para garantizarse el control de ese supuesto parlamento, el CNE ilegítimo, controlado por el régimen de Maduro, aumentó inconstitucionalmente (violando el Artículo 186 de la Constitución), en 2020, el número de escaños en el parlamento, de 167 a 277, es decir, un aumento del 66%. En esa fraudulenta elección, el régimen de Maduro se adjudicó 253, de los 277 (esto es, el 91.3% de los escaños). Este inconstitucional e irracional cambio fue, evidentemente, una manera adicional de escamotear aún más la voluntad popular, al dispersar el voto opositor para asegurarse la mayoría parlamentaria. Por ello, una coalición de 27 partidos opositores rechazaron esos resultados. Leer Acuerdo aquí: https://asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/acuerdo-an-sobre-rechazo-a-resultados-del-06122020.
4.- De esa supuesta nueva Asamblea Nacional 2020 devino, a su vez, el nombramiento, el 4 de mayo de 2021, de Alexis Corredor Pérez, Tania D' Amelio, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón, como Rectores de un Consejo Nacional Electoral ilegítimo.
5.- En el aparte Segundo del Acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional electa en 2015, el día 9 de diciembre de 2020, en rechazo a las elecciones parlamentarias que fueron realizadas el 6 de diciembre de 2020, se lee:
“(…) SEGUNDO: Rechazar por nulo, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cualquier resultado que el régimen pretenda dar por válido sobre la elección de diputados de la Asamblea Nacional y, particularmente, la proclamación de supuestos candidatos electos quienes deberán ser considerados usurpadores en el ejercicio de la función parlamentaria haciendo ineficaz y nulas sus actuaciones (…)”.
Por lo antes expuesto, exigimos a los diputados que suscribieron el Acuerdo de la Asamblea Nacional de 2015, fechado 9 de diciembre de 2020, que sean coherentes con sus propias actuaciones y DESCONOZCAN al Consejo Nacional Electoral porque fue nombrado por una Asamblea Nacional usurpadora y todos sus actos son nulos, tal como consta en el citado Acuerdo.
Por lo mismo, la “Comisión Nacional de Primarias”, siendo un ente para instrumentar un evento de la oposición, mucho menos puede someterse a las reglas que le imponga el referido ente (Consejo Nacional Electoral ilegítimo), ni solicitar, en consecuencia, ninguna clase de acompañamiento técnico a ese ente, como, desafortunadamente, ya lo ha hecho: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=4183.
Unas elecciones auténticas, justas, libres y transparentes, como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país, no pueden ser controladas por un ente que fue designado por el propio régimen que urge que sea desplazado del poder.
Por esta razón, hemos acudido ante el Tribunal Supremo Legítimo en el exilio para solicitar se nos dote de un ente electoral ad-hoc que pueda llenar el vacío que existe en materia de rectoría electoral, que haga posible el derecho de TODOS los venezolanos, también los que nos encontramos fuera de Venezuela, a participar en elecciones auténticas, y que funcione en el exilio, para que sus miembros no sean amenazados y su autonomía no se vea comprometida, como en efecto sucedió con los Magistrados de ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, obligados a emitir sus decisiones desde el exilio por la persecución que Maduro destacó en su contra. Ver: https://ticsddhh.blogspot.com/2022/10/solicitan-nulidad-del-memorandum-de.html.
Es nuestro deber insistir en que la designación de un ente electoral ad-hoc en el exilio, ofrecerá la confianza necesaria a los venezolanos, al asumir la competencia reglamentaria para la organización de las elecciones o consultas pertinentes, sin la interferencia y/o la mediatización de los actuales factores en pugna política, pues eso fue, precisamente, lo que el Constituyente quiso evitar al establecer nuestro derecho a la participación política, derecho humano que está siendo gravemente ignorado. De un ente fraudulento nunca podrá surgir una institución legítima, y de allí la responsabilidad histórica de la sociedad civil venezolana, para consigo misma, en reclamar su ejercicio.
“La sociedad civil debe asumir la noble tarea de superar su condición de elector y votante, para asumir la tarea de reclamar respeto a la dirigencia nacional, y por otro lado, reclamarles que asuman compromisos con la sociedad civil, entendiendo que somos ciudadanos, no un simple número en cualquier padrón electoral” (texto extraído de un artículo en Politika UCAB, por Carlos Romero Mendoza, 27-10-2017, Una sentencia en el exilio y los Acuerdos de la AN: ¿insumos para cohesionar?, en https://politikaucab.net/2017/10/30/una-sentencia-en-el-exilio-y-los-acuerdos-de-la-an-insumos-para-cohesionar/).
20 de abril de 2023
Suscriben
Abg. Enrique Aristeguieta Gramcko JUNTA DE GOBIERNO VZLA 1957 DIRECTOR REGISTRO ELECTORAL (1985-1990) Carlos Ortega EX PRESIDENTE CTV Iván Freites Luis Tábata Nelson José Riera Rangel Douglas Rodríguez Zerpa Carmen León José Villanzana ASAMBLEA NACIONAL DE TRABAJADORES DE VENEZUELA Abd. ADRIANA VIGILANZA Abd. EDGARD SIMÓN RODRÍGUEZ Abd. JOSÉ LUIS SALAS ABAD Abd. THERESLY MALAVÉ Contraalmirante Carlos Molina Tamayo Ing. Jean Pierre Chovet VENEZUELAN FREEDOM FOUNDATION Guillermo Prieto Ochoa CENTRO VENEZOLANO PARA LA DEMOCRACIA Ricardo Ojeda Salazar ASOCIACIÓN CIVIL LUCHA POR LA DEMOCRACIA. Abd. Carlos Guía ASOCIACIÓN “SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA” | Dr. José V. Méndez COMITÉ INTERNACIONAL CRISTIANO PARA DEFENSA DE VICTIMAS |
| Dra. Blanca Rosa Mármol MAGISTRADO EMÉRITA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICA - VENEZUELA Carlos Fernández Pérez Ex presidente de FEDECARAMARAS Dr. Luis Manuel Aguana TICs & DERECHOS HUMANOS Rvdo PEDRO FREITES Abd. Rafael Uribarri RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Guillermo Salas y Bruno Egloff ESDATA Atahualpa Montes COMISARIO GENERAL Clemente Rojas COMISARIO | Víctor Amram Cazes COMISARIO |
José Contreras MOVIMIENTO DE SALVACION NACIONAL María Claudia López UNIONE ITALOVENEZOLANA – ITALIA María Mercedes Gutiérrez y Clementina Bayot-Hiteshew PARTICIPACION VENEZOLANA GEOR |
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Entradas
Mensaje del
Consejo Nacional Electoral-CNE en exilio
1° de enero de 2023
Ante la solicitud pública reiterada estacionalmente por diversas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales a partir del año 2003, con el propósito de promover la convocatoria con objeto del establecimiento de un GOBIERNO nacional para la transición de Venezuela hacia un Estado de DERECHO en DEMOCRACIA, reclamando a la Comunidad Internacional su reconocimiento mientras persiste el Régimen de Ocupación Extranjero del crimen organizado transnacional conformado progresivamente a partir de 1999 por diferentes gobiernos y organizaciones criminales mediante el colaboracionismo, la complicidad y la traición de diversos sectores nacionales simuladores de la existencia de Estado, Derecho y libertades personales y profesionales para la actividad política, administrativa, institucional, religiosa, académica, empresarial, comercial, sindical, municipal y parroquial, como por organizaciones-farsas disfrazadas de oposiciones, de autoridades públicas, privadas y de medios de comunicación nacionales e internacionales, sostenidos todos a su vez mediante la complicidad escandalosa de funcionarios de diversas instituciones políticas como las Naciones Unidas-ONU, la Unión Europea-UE y la Organización de Estados Americanos-OEA y sus instituciones relacionadas, así como adicionalmente por foros corporativos multinacionales y Estados-Naciones que más que promover sus intereses nacionales atenderían los propios de sus asociados y personales de sus burócratas en cuanto al “Caso Venezuela”, mediante la promoción y apoyo de denominadas “Mesas de Diálogo” del Régimen con sus “oposiciones”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE en exilio) albacea de la continuidad del Poder Público Nacional-Electoral a partir del 23AGOSTO2003, cuando habría sido designado otro CNE “paralelo” mediante decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ que desconocería a los miembros legítimos, incorporados hasta esa fecha, de entre los designados por la unanimidad (un (1) voto salvado) de los diputados de la Asamblea Nacional-AN de transición-“Congresillo”, durante la sesión convocada con único punto de la Agenda del 4JUNIO2000, en razón de la urgencia ante la incertidumbre-vacío nacional e internacional ocasionados por la suspensión intempestiva de las denominadas “MEGAELECCIONES” del 28MAYO2000 mediante otra sentencia de la SC del TSJ y su Declaración de Emergencia Nacional, en virtud de la imposibilidad de que fuese proclamado en aquella única jornada electoral suspendida alguno de los miles de funcionarios, desde el Presidente de la República, de los estados, municipios, parroquias y diputados a los Parlamentos Latinoamericano y Andino, presentados en las listas de decenas de miles de candidatos, ocasionada por el caos administrativo generalizado interno en el CNE y la previa intervención in situ de la Contraloría y la Fiscalía General de la República y las Policías Judicial y Política para la seguridad del Estado.