Cuando una protesta popular te lleva a la cárcel

Por: Rafael Uzcátegui. Provea.

Saltándome todas las normas elementales del periodismo, escribo esta nota en primera persona. Tras la convocatoria de un grupo de sindicatos a realizar una manifestación en la ciudad de Maracay contra las medidas económicas, la criminalización de la protesta y justicia en el caso de los trabajadores asesinados por exigir mejoras laborales, tres personas del grupo de derechos humanos Provea, entre las que me incluyo, y dos integrantes del periódico El Libertario, entre los que también me cuento, nos desplazamos junto con otros compañeros y compañeras de Caracas a solidarizarnos con las reivindicaciones obreras.

Aproximadamente a las 2:00 de la tarde, un grupo conformado entre 200 y 300 personas se congregaban en la avenida Bolívar con Ayacucho de la ciudad. Reconocíamos algunos rostros, activistas sindicales de izquierda de vieja data y provenientes de varios puntos del país en el sitio, pero la mayoría de los presentes eran afiliados a diversas organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Trabajadores (Unete). El despliegue policial de Poliaragua era desproporcionado, y rápidamente procedieron a cortar las 4 calles por donde pudiera caminar la manifestación. En todo momento la actitud de las autoridades era de confrontación y de no permitir el desarrollo de la actividad. No habían pasado más de 30 minutos cuando la Policía disparó varias bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, y proceder a hacer las primeras detenciones de manera indiscriminada.

Después de respirar los gases tóxicos y recuperarme, acompañé a Robert González, secretario ejecutivo de la federación de petroleros, quien estaba dando unas declaraciones a la televisora regional TVS Maracay, y mientras hablaba con la periodista un grupo de más de 30 policías nos rodeaba. Cuando la cámara de televisión se apagó se abalanzaron contra nosotros y a empujones nos subieron a la patrulla.

En el forcejeo me decomisaron y rompieron la pancarta anarquista que tenía en la mano: “Por la autonomía libertaria y contra la represión a los movimientos sociales”. 12 personas estábamos dentro del camión policial, entre ellos dos activistas de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS). No nos informaron los cargos de la detención, tampoco nuestro destino.

Llegamos a la Comisaría General del estado Aragua, ubicada en la zona de San Jacinto. El resto de los detenidos, incluidas una mujer, habían sido obligados a sentarse en el suelo. Nosotros extendimos la fila. Nos quitaron los documentos de identidad y, al rato, nos pasaron a una oficina en donde llenaron la planilla de ingreso, con nuestros datos. En otro cuarto nos obligaron a quitarnos la ropa, grabándonos el rostro con una cámara de video. Un policía obeso, vestido de civil, nos preguntaba en la grabación “¿Quien los mandó? ¿Quién los mandó”. Después, nos metieron a 8 en una celda de 2 metros por uno, haciéndole compañía a un menor de edad que nos informo que tenía 6 meses en esa celda por robo agravado. No podíamos estar todos sentados a la vez.

Mientras el calor nos iba sofocando, lentamente, el menor orinaba en un envase de refresco. Llegó una funcionaria de menor rango de la Fiscalía, quien nos dijo que los cargos eran de “obstrucción a la vía pública, instigación a delinquir y resistencia a la autoridad”. Sin mucho interés nos comentó, antes de irse, que al día siguiente seríamos presentados ante el Ministerio Público. Llegaron varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, por cuya intermediación pudimos salir, después de varias horas, del hueco en donde nos habían metido. Dos abogados de Provea llegaron desde Caracas, y casi con ellos, la noticia de que desde las altas esferas habían ordenado nuestra liberación plena, así como borrar los rastros de nuestro paso por esa comisaría. Después de esperar otra hora nos entregaron nuestras pertenencias. Bajo las secuelas de lo que había sido una fuerte lluvia, un nutrido grupo de compañeros y compañeras nos esperaban. Salimos todos y todas juntas, abrazos, besos, aplausos, un mitin improvisado.

En pocas horas la noticia de nuestra detención había dado la vuelta al mundo. Muchos compañeros y compañeras movieron cielo y tierra para interceder por nosotros, algunos comunicados ya cruzaban el mar internáutico rechazando la represión y pidiendo nuestra libertad, llamadas telefónicas se sucedían desde diferentes puntos del globo.

Desde la capital rápidamente se balanceó el costo político de tener a tres activistas de derechos humanos en la cárcel y, tanto la propia fiscal general como la defensora del Pueblo, personalmente, se comunicaron con las autoridades regionales para exigir que fuéramos inmediatamente liberados. Ojalá existiera la misma celeridad para el resto de los casos de detenidos por realizar una manifestación. Si ello fuera así, no existieran los más de 2.200 casos de personas sometidas a regímenes de presentación ante un tribunal después de pasar una odisea como la nuestra. Tener este tipo de atenciones es un triste privilegio. Sin embargo no se borra el hecho que, una vez más, una manifestación de trabajadores fue obstaculizada y reprimida por las autoridades, lo cual, los casos hablan por sí solos, se ha convertido en una política de Estado.
Una segunda reflexión tiene que ver con lo que denominare, cansado como estoy sin muchas ideas en la cabeza, la política del escándalo.

Nuestra rápida liberación, que repito no es el caso de decenas de hechos similares, fue producto en buena medida del hecho que la noticia se difundió al instante por las redes sociales, como el Twitter, pero especialmente en los medios de comunicación masivos no estatales. Lo que constituye una singular paradoja es que la noticia fuera amplificada por medios con los cuales tenemos amplias reservas, como Globovisión y El Nacional, pero silenciada por medios que, teórica e hipotéticamente debieran acompañar las luchas populares. Por citar un ejemplo rápido Aporrea. Para quienes se definen como “agencia popular alternativa de noticias, cartelera digital abierta e interactiva del movimiento popular y de los trabajadores”, la marcha de hoy 12 de marzo en Maracay no existió, pero sí una huelga en Roma, ni la represión ni la detención de dos decenas de trabajadores y dirigentes sindicales. Como ya he dicho en otra oportunidad en Venezuela se debe contrastar la información de los medios “alternativos” con los medios privados y no al revés, como ocurre en el resto del mundo. De esta situación, alguna vez, tenemos que sacar las debidas conclusiones.

Escribo esto desde mi casa, al abrigo de mi compañera y de mi perra mestiza, adoptada en una jornada callejera de Aproa. Y el dormir en tan grata compañía se la debo a infinidad de amigos y amigas que rápidamente se activaron y a los cuales debo agradecer personalmente, y no a través de una lista en la que pueda cometer la injusticia de olvidarme de alguno o alguna. Ellos y ellas saben quiénes son y justo ahora están recibiendo este texto por su e-mail. Como ser humano, como anarquista y como defensor de los derechos humanos espero no defraudar su dedicación, y continuar en este camino que no es otro que acompañar y fortalecer, si cabe esta soberbia pretensión, la lucha de las personas enfrentadas al poder, por su dignidad y por sus derechos, que son tanto como los míos.

Gracias
Rafael Uzcátegui
Coordinador de Investigación de Provea
Publicado el 13 Marzo 2010 por conflictove