El 92 por ciento de los jueces niegan que haya independiencia judicial
Diciembre 20, 2009
ND.- Sólo 7 por ciento de los jueces creen que la justicia es totalmente autónoma en Venezuela, según la información que figura en un estudio de Consorcio Desarrollo y Justicia.

Así lo reseña El Universal:

opinan los foristas

El caso de la juez María Lourdes Afiuni, quien hace poco más de una semana fue detenida por haberle otorgado libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, porque éste tenía más de dos años privado de su libertad sin haber sido condenado, ha colocado nuevamente sobre el tapete del tema de la autonomía de la Justicia en Venezuela.

La exigencia presidencial de aplicarle a la funcionaria “pena máxima” y decisiones como la de enviarla a la cárcel de mujeres de Los Teques o el rechazo de los tribunales a las peticiones interpuestas por la defensa le da argumentos a quienes sostienen que el artículo 254 constitucional, el cual establece que el Poder Judicial es “independiente” de las otras ramas del Poder Público, no se cumple.

La percepción de que los juzgados están sometidos a los designios de otras instancias no se limita a los ciudadanos de a pie, sino que abarca también a los propios jueces. De acuerdo con un estudio elaborado por Consorcio Desarrollo y Justicia, sólo 7,46% de los árbitros consideran que la Justicia es totalmente autónoma.

El informe fue elaborado a partir de las entrevistas realizadas a 76 jueces de los estados Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Zulia y Caracas. El grueso de los funcionarios encuestados ocupan despachos civiles y mercantiles, penales y laborales, que son los que más existen en el país y los que más causas tramitan.

Reconocen carencias Con la incorporación en la Carta Magna de disposiciones como la que obliga a destinar 2% del total del presupuesto nacional al Poder Judicial (artículo 254) y la que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el gobierno y dirección de todos los tribunales (artículo 267), el constituyente buscó garantizarle a la administración de justicia libertad de acción.

No obstante, a 10 años de la aprobación del texto fundamental el grueso de los entrevistados por la organización no gubernamental (77,61%) aseguraron que su autonomía está limitada, mientras que 14,93% aseveraron que están sometidos a mandatos distintos a los de la ley y su conciencia.

Aunque tradicionalmente se asegura que el Poder Judicial responde a las directrices emanadas desde el Gobierno, el estudio reveló que los jueces consideran que la Asamblea Nacional es la instancia que más presión ejerce sobre ellos.

58,67% de los consultados afirmaron que desde el Parlamento se toman las decisiones judiciales. Al preguntarles si consideran que los tribunales son un apéndice del Ejecutivo 43,84% respondieron afirmativamente, frente a 30,14% que rechazaron ese señalamiento.

De la misma manera al consultarles si las decisiones del Gobierno son tomadas como órdenes en el Poder Judicial 42,65% de los entrevistados indicaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con esa aseveración, mientras que 31,79% dijeron estar en totalmente en contra o en contra de esa afirmación.

Asimismo 60% de los encuestados dijeron que hay grandes empresarios que compran a jueces para que dicten sentencias a su favor y 62,92% negaron que los medios de comunicación orienten sus decisiones, en contraposición al 17,04% que dijeron que la prensa, radio o televisión sí influyen en sus fallos.

Preguntados sobre si consideran que el Poder Judicial toma sus decisiones en base al derecho, sólo 12,17% dijeron estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con esa afirmación, frente a 72,97% que la rechazaron.

Entretanto 56,76% admitieron que grupos de jueces controlan la administración de justicia y 37,84% reconocieron que hay colegas suyos que son corruptos.

Asimismo la mayoría de los consultados dijo estar consciente de la poca confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y al ser interrogados sobre el cumplimiento de normas procesales 53,34% afirmaron que no se acatan “religiosamente”.

Sobre los lapsos previstos en la ley para resolver los juicios, 47,3% de los encuestados dijo que éstos no se cumplen.

Carrera, pero de obstáculos Otro de los pilares para garantizar la independencia judicial está relacionado con el mecanismo de nombramiento y evaluación de los jueces. La Constitución prevé que sea a través de concursos de oposición.

65,34% de los consultados aseveraron que en el país no se respeta la carrera judicial, frente al 22,67% que consideran que sí. Por otra parte al preguntarles si consideran que son confiables los resultados de las pruebas para acceder al cargo de juez, 41,33% consideran que son poco o nada confiables, mientras que 30,66% de los consultados estiman lo contrario.

Desde hace más de cuatro años el TSJ no realiza concursos para titularizar jueces, pero recientemente el director de Escuela de la Magistratura, magistrado Arcadio Delgado Rosales (Sala Constitucional), anunció que estos procesos se reanudarán en 2010, aunque no precisó la fecha.

El tema de las “tribus judiciales” también fue abordado en el estudio de Consorcio Desarrollo y Justicia. 42,66% de los entrevistados negaron que los jueces ingresen al Poder Judicial porque son “apadrinados” por colegas o superiores, frente al 38,66% que aseveraron que esta práctica se mantiene.

La mayoría de los 1.800 jueces del país son provisorios; es decir pueden ser destituidos en cualquier momento por la Comisión Judicial del TSJ. Las vacantes que se producen son cubiertas por esa instancia, la cual encabeza la presidenta del máximo juzgado, magistrada Luisa Estella Morales, por medio de un proceso de revisión de credenciales (currículos que son presentados ante la Comisión).

Cortesía del Dr. Alvaro Albornoz.
http://www.facebook.com/profile.php?id=786949834#/group.php?gid=13259651444