Urge crear un nuevo sistema de Derechos Humanos

Por: Patricio Videla Balaguer*
2 de enero de 2009

Publicado en: Hoy Bolivia
La crisis en la hermana república de Bolivia ha evidenciado la manipulación de la realidad por parte de aquellos gobiernos que pertenecen al Foro de Sao Paulo o que son cómplices sus maniobras políticas. Lo ocurrido con el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, no es distinto a lo que viene sucediendo en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay:
Primero, se crea un escenario internacional de victimización de un sector. Segundo, Se instrumenta la justicia con un fin ideológico. Y tercero, se inicia una persecución con encarcelamiento en medio del escarnio público.
En este macabro guión intervienen actores derrotados en la guerrillas sangrientas de los 60/70, disfrazados hoy de diplomáticos, intelectuales, luchadores sociales demócratas, como ha sido el caso del argentino Mattarollo.
El mismo escenario se viene repitiendo a partir de la creación de una nueva “historia oficial” que sustenta la izquierda revolucionaria, según la cual los victimarios de ayer pasan a ser las víctimas de hoy. Así hemos visto en nuestros países violar preceptos constitucionales en nombre de los DDHH, como eso de juzgar hechos del pasado con leyes posteriores a los mismos sucesos; suprimiendo otras veces no sólo leyes sino también los efectos de las mismas, a fin de llevar a la cárcel, empleando testigos falsos, a militares, docentes y sacerdotes. La política que emplean es la “continuación de la guerra por otros medios“, invirtiendo así la definición de la guerra de Carl Von Clausewitz.
La violación constante del derecho con fines ideológicos hoy ya no sólo es usada para perseguir a quienes los vencieron ayer en el campo de batalla, sino también para violentar el resto de las leyes según les convenga a sus fines de acrecentar poder. En Argentina lo acaban de hacer con las jubilaciones privadas sin que la justicia actuara ante semejante atentado contra la propiedad privada.
Esa misma justicia es la que juzga el pasado y el presente de nuestra república. En Uruguay, donde el gobierno se jacta de “la seguridad jurídica”, no sólo se ha procedido en medio de montajes jurídicos y escarnio público, contra militares y civiles que actuaron contra la sedición cumpliendo órdenes, sino que además se han extraditado tres oficiales a Chile -dos de ellos en actividad- a pesar de que estos oficiales habían sido absueltos por los tribunales uruguayos, en relación con la muerte de un ciudadano chileno, ocurrida durante el período democrático.
En todos estos manejos hay odio ideológico, rencor y la búsqueda de indemnizaciones. En mi país ya se han pagado US$ 2.500.000.000 a pesar de las repetidas crisis que venimos padeciendo por el mal manejo de los fondos públicos. En Chile es público un escándalo que acaba de suceder en este sentido.
Frente a esta situación propongo que la recién fundada confederación de organizaciones no gubernamentales UnoAmérica promueva la creación de una comisión permanente que defienda los DDHH (derechos humanos) en toda la amplitud del término, que están siendo pisoteados en nuestras naciones.
Es de vital importancia que esta iniciativa carezca de sesgos ideológicos, ya que ver este problema desde la derecha o desde la izquierda es verlo con un solo ojo. De igual forma, propongo que se elabore un informe de la situación jurídica y trato que se les da a los prisioneros políticos.
Finalmente, es necesario vigilar la discriminación, pobreza y ausencia de derechos humanos que sufre toda la población en general, que está sometida por gobiernos populistas que se jactan de asegurar el bienestar general del pueblo.

(*) Directivo de Fuerza Solidaria Argentina y delegado de UnoAmérica